Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar, sumó una segunda prisión preventiva en el caso de la red de huachicol fiscal por ferrotanques que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien figura como su socio.
El pasado 13 de agosto, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez dictó prisión preventiva justificada al empresario, contra la cual promovió un amparo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esta medida cautelar se suma a la prisión preventiva oficiosa dictada en julio tras ser vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Thompson Navarro recurrió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México para echar abajo la resolución; sin embargo, el órgano jurisdiccional le negó la suspensión provisional al determinar que la medida cautelar no es inconstitucional y constituye una facultad del juez de control conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El empresario, detenido en Ensenada, es acusado de presuntamente utilizar Ingemar S.A. de C.V. para contrabandear combustibles. Según la imputación de la FGR, la compañía registró un comportamiento fiscal incongruente con movimientos millonarios superiores a los 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025 a través de cuentas en Grupo Financiero Intercam.
