El gobierno cubano señaló que la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares anunciada por Estados Unidos resulta insuficiente ante la crisis energética que atraviesa la isla, al equivaler únicamente al combustible necesario para dos semanas de generación eléctrica limitada. La administración de la isla responsabilizó de manera directa al bloqueo de combustibles y diésel impuesto por Washington de impedir la operación de las estaciones de energía distribuida in situ, diseñadas para reducir las afectaciones en la red nacional.
Las restricciones también obstaculizan la importación de paneles solares y baterías destinados a los nuevos parques fotovoltaicos, lo que frena los planes de transición e infraestructura energética. De acuerdo con la postura oficial, permitir el libre ingreso de buques cisterna con hidrocarburos a los puertos cubanos garantizaría una mejora inmediata y sustancial en el suministro de electricidad para la población.
Las autoridades calificaron las sanciones energéticas como un diseño fríamente calculado orientado a ejercer un castigo colectivo sobre la sociedad cubana, al limitar deliberadamente el acceso a los recursos básicos requeridos para sostener la infraestructura eléctrica y los servicios esenciales en todo el país.
