El canciller argentino, Pablo Quirno, ratificó la nueva estrategia del Gobierno nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la cuenca del Atlántico Sur, advirtiendo que 180 empresas internacionales involucradas en la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en el archipiélago enfrentarán sanciones inmediatas si no cesan sus actividades. Durante su intervención en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario detalló que el Ejecutivo ya notificó formalmente a compañías con sede en 29 países.
La ofensiva jurídica y comercial se apoyará en la reforma y reglamentación de la Ley 26.659, con el fin de agilizar los procesos administrativos de sanción. La normativa no solo penalizará a las petroleras operadoras directas, como Navitas Petroleum o Rockhopper Exploration—, sino que extenderá el alcance del bloqueo a toda la cadena de suministros, incluyendo a proveedores de servicios financieros, logísticos, aseguradoras y firmas de soporte operativo.
Como principal eje de disuasión económica, la Cancillería utilizará el atractivo de Vaca Muerta y los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las multinacionales que busquen acceder a los incentivos aduaneros y fiscales del RIGI deberán presentar una declaración jurada certificando que ni ellas ni sus filiales asociadas participan en actividades no autorizadas en el Atlántico Sur, obligando a las empresas a elegir entre operar en el continente argentino o mantener negocios en las islas.
