El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó la propuesta «Desconexión 710», un plan impulsado como plataforma electoral de su partido Poder Judío que plantea el traslado masivo de la población palestina fuera de la Franja de Gaza. La iniciativa proyecta la salida de 250.000 personas en su primer año y busca desalojar a 1,86 millones de habitantes en un plazo de siete años.
La estrategia contempla la creación de un Ministerio de Migración encargado de gestionar el proceso mediante incentivos económicos para los gazatíes e indemnizaciones a terceros países receptores, mencionando opciones preliminares como Turquía, Etiopía y la República Democrática del Congo. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que existen planes logísticos para evacuaciones por mar y aire, aunque condicionó su ejecución al aval de la comunidad internacional y de Estados Unidos.
El anuncio provocó un rechazo global inmediato. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional advirtieron que el desplazamiento forzado de poblaciones en territorios ocupados contraviene las Convenciones de Ginebra y podría constituir crímenes de guerra o limpieza étnica, mientras que ningún país ha aceptado formalmente recibir a los desplazados.
