La expansión global de las brigadas de médicos cubanos, que actualmente operan en naciones de África, Asia, Europa y América Latina, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica internacional tras resurgir graves cuestionamientos sobre las condiciones laborales y el manejo financiero de los contratos por parte del gobierno de La Habana.
El centro de la controversia recae en el mecanismo de contratación utilizado. Recientemente, Angola destinó un presupuesto superior a los 71 millones de euros para incorporar a más de mil especialistas; no obstante, dichos fondos no llegan directamente a las manos de los facultativos, sino que son canalizados a través de la Corporación Antillana Exportadora (Antex), una entidad bajo el control absoluto del Estado cubano.
Este modelo replica un esquema histórico donde gobiernos extranjeros transfieren sumas millonarias a la administración central de la isla. Mientras el aparato estatal se encarga de seleccionar al personal, negociar los términos y administrar los recursos, los profesionales perciben únicamente una fracción menor de los ingresos generados por su labor, según testimonios de exintegrantes de estas misiones sanitarias.
A las retenciones salariales se suman denuncias recurrentes sobre un severo control ideológico y de movilidad. Diversas investigaciones señalan que La Habana mantiene restricciones sobre los documentos de identidad, los traslados, las relaciones personales y las opiniones políticas de los especialistas, un escenario que ha llevado a varios países a modificar o cancelar sus convenios bajo presión diplomática internacional.
