El Estado mexicano fue declarado internacionalmente responsable por la violencia sexual, las graves lesiones y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, en un caso ocurrido en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La resolución fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2025 y posteriormente notificada al gobierno mexicano. En ella, el tribunal concluyó que la agresión sexual fue cometida por agentes estatales y constituyó un acto de tortura. También determinó que las lesiones y la falta de atención médica oportuna y adecuada contribuyeron a la muerte de la mujer.
El caso se remonta al 25 de febrero de 2007, cuando Ascencio Rosario fue localizada gravemente herida cerca de su comunidad, en un punto ubicado aproximadamente a 300 metros de una base de operaciones militar. Antes de morir, señaló que había sido agredida sexualmente por soldados.
La Corte también cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas y concluyó que el Estado incumplió su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y de garantizar a los familiares de la víctima un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad.
Como parte de las reparaciones, México debía publicar el resumen oficial de la sentencia en español y náhuatl, además de difundir el fallo y mantenerlo disponible en sitios oficiales. El Diario Oficial de la Federación publicó el resumen el 24 de junio de 2026.
La sentencia vuelve a colocar bajo escrutinio internacional la actuación de las fuerzas armadas en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Especialistas también han señalado que el fallo retoma preocupaciones sobre violencia contra mujeres indígenas y el papel de las instituciones militares en la investigación de estos delitos.
El caso de Ernestina Ascencio, ocurrido hace casi dos décadas, permanece así como uno de los expedientes emblemáticos sobre violencia sexual, discriminación y acceso a la justicia para mujeres indígenas en México.
