Bajo un estricto protocolo de reserva y argumentando «razones de seguridad nacional», la Fiscalía General de la República (FGR) logró que la audiencia inicial en contra de Fausto Corrales Rodríguez se realice de manera totalmente privada.
El juez Mario Elizondo Martínez ordenó el desalojo inmediato de los representantes de los medios de comunicación y del público asistente que se encontraban en la sala del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, donde permanece recluido el imputado.
La diligencia aborda hechos de alta sensibilidad geopolítica, vinculados directamente con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, y el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada, ocurridos en la Finca Huertos del Pedregal.
En el centro de la investigación también se indaga la presunta convocatoria a dicho encuentro del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo tras señalamientos de autoridades estadounidenses.
Corrales Rodríguez, quien se desempeñaba como chofer de Cuén y es señalado de haberlo trasladado al sitio del crimen —además de sostener una versión inicial que la FGR catalogó como un montaje—, posee información crucial que la fiscalía busca proteger ante posibles riesgos a la seguridad pública.
A pesar del hermetismo impuesto en torno a la diligencia, se confirmó que la FGR formalizará la imputación en contra de Corrales Rodríguez por los delitos de encubrimiento en homicidio y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
Con esta medida de carácter privado, las autoridades federales buscan blindar los datos de prueba obtenidos sobre la red de complicidades y el traslado posterior de «El Mayo» Zambada hacia Texas, Estados Unidos.
