El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, presentó con urgencia al Senado una reforma constitucional para fortalecer el combate contra la delincuencia. Un eje central de la propuesta establece severas sanciones de inhabilidad para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado o al terrorismo.
De aprobarse la medida, las personas sentenciadas por estos delitos quedarán vetadas a perpetuidad para ejercer cualquier cargo público. Además, no podrán acceder a penas sustitutivas ni a beneficios penitenciarios durante un periodo de 15 años, y se restringirá su acceso a prestaciones financiadas con recursos del Estado.
El proyecto de ley contempla también la creación de un nuevo «estado de excepción» que facultará al Ejecutivo a desplegar a las Fuerzas Armadas y restringir temporalmente libertades de tránsito y reunión por hasta 120 días. Asimismo, habilita al gobierno para clasificar a agrupaciones como organizaciones terroristas previa ratificación del Senado, buscando frenar el impacto del narcotráfico en los puertos chilenos.
