La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, respaldaron de forma tajante a la Corte Penal Internacional (CPI) tras la decisión de Estados Unidos de sancionar a su presidenta, Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye. Ambos líderes enfatizaron que los jueces del tribunal deben trabajar de manera independiente y sin presiones externas.
El dictamen estadounidense prohíbe a los magistrados viajar a dicho país y bloquea sus operaciones en el sistema financiero global. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó las medidas al acusar al organismo de politización y de intentar procesar a funcionarios de naciones que no reconocen su jurisdicción, dado que Washington no ratificó el Estatuto de Roma.
La determinación generó un amplio rechazo internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, tildó de «inaceptables» las represalias. En la misma línea, los gobiernos de Japón, Alemania, España y Países Bajos, sede de la alta corte en La Haya, condenaron las sanciones y defendieron el papel indispensable de la CPI para juzgar crímenes de guerra, genocidios y garantizar la rendición de cuentas a nivel global.
