La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una acción de extinción de dominio ante el Poder Judicial Federal con el propósito de apropiarse de 2 millones 240 mil pesos vinculados al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano y sujeto a proceso penal por delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, desaparición forzada y peculado.
De acuerdo con los registros judiciales, los expedientes fueron radicados ante la jueza Segundo de Distrito en materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, en la Ciudad de México. Las demandas no solo alcanzan al exfuncionario, sino que extienden el proceso hacia sus familiares directos: su esposa, Verónica Encalada Pérez, y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, cuyas cuentas bancarias también se encuentran bajo la mira ministerial.
En lo que respecta al juicio principal identificado con el número 26/2026, la FGR argumenta que no se ha podido comprobar la procedencia lícita de un capital estimado en un millón 387 mil pesos depositado en una cuenta bancaria a nombre del exmando policial, recursos que presuntamente se relacionan con investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque el recurso fue admitido a trámite desde el pasado 6 de julio, la diligencia de notificación en el penal de máxima seguridad experimentó retrasos debido a fallas técnicas en el sistema de interconexión judicial, lo que obligó a realizar el trámite mediante exhorto.
Paralelamente, bajo el expediente 24/2026, la instancia federal litiga contra los familiares del exservidor público por un monto acumulado de 853 mil pesos —de los cuales 755 mil corresponden a Verónica Encalada— resguardados en instituciones financieras como Banorte, BBVA Bancomer y Santander.
Este segmento del proceso legal sufrió un aplazamiento técnico después de que la juzgadora detectara irregularidades en los instructivos de notificación entregados por el actuario en Tabasco, al omitir especificaciones clave sobre los traslados documentales, una falla procesal que obligó a anular el emplazamiento y ordenar su reposición mediante un nuevo exhorto que podría dilatar el litigio por varias semanas.
