La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), impuso sanciones a un total de 41 servidores públicos, las cuales incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones temporales y multas económicas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos por diversas irregularidades administrativas y faltas graves.
Conforme a la legislación vigente, el TFJA determinó las penalizaciones correspondientes a faltas graves detectadas a través de auditorías e investigaciones en instituciones clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el IMSS y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Entre los casos más destacados figuran desvíos presupuestales, uso indebido de recursos materiales y daños patrimoniales millonarios.
Paralelamente, las unidades de responsabilidades y los órganos internos de control de 13 dependencias federales aplicaron sanciones por faltas no graves a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras instituciones del sector público.
Las medidas disciplinarias abarcaron desde amonestaciones públicas y suspensiones de pocos días hasta destituciones e inhabilitaciones derivadas de conductas como negligencia laboral, agresión verbal, acoso, alteración de documentos oficiales y manejo irregular de combustibles o inventarios institucionales. Las autoridades enfatizaron que las sanciones se aplicaron bajo estrictos criterios de proporcionalidad y legalidad.
Finalmente, la dependencia federal aclaró que todas las personas servidoras públicas sancionadas cuentan con el derecho legal de interponer recursos de impugnación; sin embargo, advirtió que defenderá firmemente cada una de las resoluciones emitidas con el respaldo de pruebas documentales para salvaguardar la legalidad y los derechos de los afectados.
