El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no apelar la decisión de un juez que eliminó los controles federales para comprar silenciadores y armas de cañón corto. Con esta medida, el gobierno estadounidense dejó sin efecto parte de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA).
El cambio ocurrió porque en julio de 2025 se aprobó una ley que fijó en cero dólares el impuesto federal para elaborar o transferir estos accesorios. Tras el ajuste, la organización Gun Owners of America demandó al Estado alegando que, si ya no se cobraba ningún impuesto, el gobierno no tenía derecho a exigir un registro obligatorio.
Un juez federal de Texas les dio la razón el 5 de agosto de 2026 y le dio siete días al gobierno para interponer un recurso de apelación. Al no presentar la impugnación a tiempo, la norma dejó de aplicarse para los demandantes en Texas y otros 14 estados. Sin embargo, la medida no borra las leyes locales, por lo que las restricciones aprobadas por cada estado de manera individual siguen vigentes.
