En las primeras horas de este miércoles, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Penal del Altiplano.
La resolución judicial estuvo a cargo de Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal radicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El magistrado determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos probatorios necesarios para presumir la existencia de un ilícito y la probable participación del exmandatario. Adicionalmente, se estableció un periodo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, plazo que concluirá el próximo 4 de diciembre para que la defensa y la fiscalía recaben sus respectivas pruebas.
Aguirre enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada de personas, tipificado bajo una modalidad destinada a sancionar a los servidores públicos que oculten o nieguen información sobre la privación de la libertad o el paradero de un individuo, con penas que van de 40 a 60 años de prisión, acompañadas de multas de 10 mil a 20 mil días de salario.
La acusación central sostiene que el exgobernador habría ordenado la destrucción u ocultamiento de los registros de videovigilancia de las cámaras 12 y 15 pertenecientes al Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada posterior.
Como sustento de la imputación, la FGR presentó los testimonios de la magistrada Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general del mismo órgano judicial. Según la declaración de Estrada, el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de Galeana el soporte con los videos de la noche de los hechos, entregándoselo personalmente a Aguirre esa misma noche, alrededor de las 20:30 horas, en la ciudad de Chilpancingo.
La testigo añadió que al día siguiente se celebraron dos juntas en el Palacio de Gobierno estatal, donde el entonces mandatario interpeló a integrantes de su gabinete sobre la destrucción de las evidencias relacionadas con el caso de los normalistas, argumentando que el asunto no podía escalar debido a sus vínculos políticos con la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Estrada indicó que tanto ella como Galeana asistieron a dichos encuentros.
Durante el proceso, la FGR integró un bloque de 13 datos de prueba contra el exgobernador —incluyendo los testimonios de las exfuncionarias, quienes también enfrentan procesos legales—, en tanto que la defensa aportó 31 elementos probatorios. Al respecto, el juez señaló que la naturaleza del delito de desaparición forzada exige un análisis flexible y sustentado en indicios, al recalcar que en este tipo de ilícitos la finalidad primordial es precisamente ocultar el rastro de los hechos.
La diligencia judicial, que inicialmente estaba convocada para el martes a las 10:00 horas, inició con retraso a las 12:47 y finalizó a las 02:31 horas de este miércoles. Al concluir la sesión, el equipo legal de Ángel Aguirre expresó su inconformidad con el fallo del impartidor de justicia y adelantó que interpondrá un recurso de apelación en contra del auto de formal procesamiento.
