Cuatro destacadas organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos —el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto de la Sociedad Abierta— presentaron una nueva demanda contra la administración de Donald Trump por las severas sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI). La acción legal, interpuesta este martes, sostiene que las medidas punitivas violan derechos constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso, al tiempo que fuerzan a las ONG a congelar labores clave en favor de la justicia internacional.
La demanda impugna la orden ejecutiva emitida por Trump en febrero de 2025, la cual autorizó bloqueos financieros y restricciones contra jueces, fiscales y entidades que cooperen con el tribunal con sede en La Haya. Las organizaciones argumentan que el mandatario excedió sus facultades presidenciales al decretar una «emergencia nacional» sin fundamento real. La postura del gobierno estadounidense se intensificó a raíz de las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza, así como por las indagatorias sobre posibles crímenes cometidos en Afganistán, afectando también a relatores de la ONU y grupos de derechos humanos.
