Un ciudadano de nacionalidad china admitió su culpabilidad este lunes ante un tribunal federal en Utah por cargos relacionados con el intento de adquisición ilegal de equipamiento militar en Estados Unidos, con el propósito de enviarlo a su nación mediante rutas de contrabando que pasaban por territorio mexicano. El caso, ventilado por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), detalla violaciones directas a la Ley de Control de Exportación de Armas.
El implicado, identificado como Dingwei Chen, de 29 años, intentó apropiarse de radios satelitales y módems de uso exclusivo militar fabricados por corporaciones norteamericanas. De acuerdo con la fiscalía federal, este tipo de artículos de comunicación especializados requieren de una autorización formal emitida por la Dirección de Controles del Comercio de Defensa del Departamento de Estado, instancia que de manera ordinaria niega permisos de exportación de material bélico hacia China.
Los registros de la investigación señalan que Chen operó en conjunto con terceros en territorio chino para concretar la compra de estos dispositivos sensibles a través de redes del mercado negro operadas por traficantes internacionales de armas. Para evadir los controles aduanales, el grupo analizó diversas alternativas de contrabando, contemplando inicialmente escalas en Suiza, posteriormente en las Islas Marianas y, de forma definitiva, eligiendo a México como punto de tránsito para ingresar los cargamentos.
La transacción económica se instrumentó mediante criptomonedas tras un desembolso inicial superior a los 40 mil dólares, medida adoptada por los involucrados con el fin de ocultar el rastro financiero. El DOJ indicó que el procesado presumió contar con recursos económicos suficientes para financiar futuras adquisiciones de tecnología y pertrechos militares por un valor de decenas de millones de dólares.
Ante el fallo, el agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Spiros Karabinas, subrayó que esta declaración judicial evidencia el alcance de las sanciones aplicadas a quienes vulneren los protocolos de seguridad mediante la transferencia y exportación clandestina de tecnología militar confidencial estadounidense.
