Aunque las criptomonedas continúan ganando terreno en América Latina, su crecimiento ha estado acompañado de crecientes alertas por esquemas de fraude, lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas en toda la región.
En México las autoridades judiciales han documentado cómo organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emplean activos virtuales para adquirir insumos ilícitos y blanquear capitales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ha intensificado el bloqueo de cuentas y activos vinculados a redes de lavado que operan con criptomonedas, tras detectar que estos grupos del crimen organizado utilizan activos virtuales para transferir ganancias e ilícitos financieros enfocados en el tráfico de fentanilo.
El uso indebido de criptoactivos se expande rápidamente por América Latina, con casos que van desde la especulación política hasta el crimen organizado. En Argentina la promoción del token $LIBRA por parte del mandatario Javier Milei derivó en pérdidas millonarias y sospechas de estafa, en naciones como Colombia y Brasil la falta de regulaciones y los bancos paralelos han facilitado el lavado de dinero de la minería ilegal y el narcotráfico a gran escala.
Asimismo, el entorno regional enfrenta el uso de bitcoin para el pago de rescates y la desinformación en Costa Rica, fraudes piramidales en República Dominicana y la opacidad en el manejo estatal del Petro en Venezuela, dejando al descubierto los crecientes riesgos de estos activos digitales.
