El presidente estadounidense Donald Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas dirigidas específicamente a frenar el llamado «turismo de natalidad», lo que anticipa una nueva y ardua batalla legal en los tribunales. Esta medida se produce apenas meses después de que la Corte Suprema invalidara su primer intento por restringir la ciudadanía por nacimiento, mediante un fallo en el caso “Trump contra Barbara”.
Las recientes directivas ordenan a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de un menor si sus padres incurrieron en fraude migratorio para obtenerla, y buscan denegar visas a personas sospechosas de viajar con el único fin de dar a luz en territorio estadounidense. Desde el Despacho Oval, el mandatario justificó la acción afirmando que «cientos de miles» de personas se benefician indebidamente de este modelo, aunque investigaciones académicas estiman la cifra real entre 5,000 y 10,000 nacimientos anuales.
Expertos legales anticipan que el núcleo de esta medida fracasará. El fallo de junio ratificó que la 14ª Enmienda protege a quienes nacen en el país. “La conducta ilegal de sus padres no puede influir en su estatus”, advirtió Amanda Frost, especialista de la Universidad de Virginia.
Adicionalmente, las órdenes intentan ampliar las excepciones históricas a la ciudadanía automática, que tradicionalmente aplican a diplomáticos o tropas ocupantes, para incluir a empleados de gobiernos extranjeros y presuntos terroristas. Aunque el freno al turismo de maternidad luce jurídicamente endeble, juristas divididos señalan que estas últimas excepciones secundarias sí podrían superar el filtro constitucional.
