Un tribunal estatal ordenó a Meta la aportación de 567 millones de dólares para crear un fondo de salud mental destinado a adolescentes. La resolución determina que la empresa generó un «peligro público» al diseñar plataformas adictivas para usuarios jóvenes y no proteger a los menores de la explotación sexual en Facebook e Instagram.
El fallo, dictado por el juez Bryan Biedscheid a favor del fiscal general Raúl Torrez, se suma a una sentencia previa emitida hace cinco meses por un jurado, la cual exigía el pago de 375 millones de dólares por violar las leyes de protección al consumidor al falsear los niveles de seguridad de sus redes sociales.
La resolución obliga a Meta a implementar durante cinco años medidas como límites mensuales al tiempo de uso para adolescentes, restricciones en notificaciones y filtros estrictos de contacto con adultos. Asimismo, prohíbe que sus chatbots de inteligencia artificial mantengan conversaciones de índole romántica o sexual con menores en la entidad y refuerza las revisiones ante reportes de abuso infantil.
El fiscal Torrez calificó el veredicto como una hoja de ruta para otros estados y países frente a esta problemática. Por su parte, la multinacional anunció que apelará la sentencia, argumentando que defenderá su historial de protección a los adolescentes y mantendrá sus acciones para identificar contenido dañino en sus aplicaciones.
