Grupos armados ilegales y cárteles de la droga de Colombia están enviando a excombatientes al frente de guerra en Ucrania con el objetivo de capacitarse en el manejo avanzado de drones militares y replicar esas tácticas en territorio sudamericano.
De acuerdo con reportes de inteligencia y del Ministerio de Defensa colombiano, los grupos criminales buscan dominar el uso de drones de ataque con visión en primera persona (FPV), optimizar cargas explosivas y utilizar tecnología de control por fibra óptica para burlar los sistemas tradicionales de interferencia electrónica. Esta transferencia de conocimientos bélicos ya ha impactado la seguridad interna de Colombia, donde se registraron 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, amenazando la histórica supremacía aérea del ejército en las regiones selváticas.
Ante esta escalada, el gobierno saliente anunció una inversión de 1,600 millones de dólares para la implementación de redes de detección y la imposición de restricciones a la importación de drones comerciales. La crisis de seguridad aérea pasa a ser uno de los principales desafíos para la administración entrante, en un contexto donde se calcula que al menos 500 mercenarios colombianos han fallecido en el conflicto europeo durante los últimos cuatro años.
