El gobierno británico autorizó la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en 110 mil millones de dólares, tras considerar satisfechos los criterios tanto de competencia como de interés público.
La administración británica confirmó que decidió no intervenir en la transacción luego de que Paramount reforzara de manera significativa sus garantías vinculadas a la programación y a la oferta informativa en el país. Previamente, en el mes de junio, el Ejecutivo había advertido la posibilidad de someter la fusión a una investigación exhaustiva de interés público, a pesar de contar con los avales previos de los organismos reguladores de Estados Unidos y China.
El visto bueno gubernamental responde a las exigencias planteadas por la ministra de Medios de Comunicación, Lisa Nandy, cuyas inquietudes quedaron disipadas gracias a los compromisos de carácter legal asumidos por David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance. Entre las condiciones establecidas, la empresa acordó preservar identidades editoriales diferenciadas para los servicios lineales y bajo demanda del grupo resultante en territorio británico, incluyendo los canales de televisión infantil.
Asimismo, se garantizó que los espacios informativos de Channel 5 —propiedad de Paramount— mantendrán una separación editorial absoluta respecto a CNN International y CBS News, una medida celebrada por la directiva como un avance clave para concretar la fusión. Por su parte, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido determinó de manera independiente que el acuerdo no generará una reducción sustancial de la competencia en el mercado de distribución cinematográfica, los canales infantiles ni las plataformas de retransmisión en continuo.
Con esta resolución, el proceso evita un prolongado ciclo de revisiones regulatorias en suelo británico y traslada el foco principal del contencioso a Estados Unidos. En dicho país, el acuerdo permanece suspendido temporalmente por orden judicial debido a una impugnación de carácter antimonopolio, dejando a los estados federados, con California a la cabeza, como el obstáculo normativo definitivo para el cierre definitivo de la operación.
