A partir de la próxima semana, el gobierno de Francia implementará una prohibición total sobre las llamadas comerciales no solicitadas. La medida, respaldada por la administración del presidente Emmanuel Macron, busca erradicar las tácticas de venta intrusivas y proteger de manera prioritaria a los sectores vulnerables de la población frente a estafas comerciales.
Hasta ahora, los ciudadanos franceses debían inscribir sus números telefónicos en un padrón oficial administrado por el Estado para intentar bloquear estas comunicaciones. Sin embargo, diversas asociaciones de consumidores denunciaron de forma sistemática que múltiples empresas y centros de llamadas desacataban el listado.
Bajo la nueva normativa que entrará en vigor el 11 de agosto, el esquema legal cambia por completo. Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude, explicó que las compañías tienen estrictamente prohibido comunicarse con los usuarios a menos que cuenten con su autorización expresa y previa, la cual podrá revocarse en cualquier momento.
Años de reclamos ciudadanos. La promulgación de esta ley responde a una demanda social sostenida durante años. Cifras oficiales indican que aproximadamente el 75% de los habitantes en territorio francés recibe al menos una llamada comercial a la semana, mientras que gran parte de la ciudadanía experimenta una frecuencia mucho mayor.
La presión ciudadana alcanzó un punto crítico en 2024, cuando un bloque de once organizaciones de defensa del consumidor emitió un pronunciamiento conjunto para exigir el cese definitivo de la práctica. En dicho comunicado, calificaron la situación como un hostigamiento constante tanto en líneas fijas como en teléfonos móviles, convirtiendo la intrusión publicitaria en una molestia cotidiana para los franceses.
