La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a la política migratoria del presidente Donald Trump al declarar inconstitucional la orden ejecutiva con la que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados y de personas con visas temporales.
En una decisión dividida de seis votos contra tres, el máximo tribunal resolvió que la medida presidencial contravenía la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que reconoce como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas en el país y sujetas a su jurisdicción.
El fallo, emitido el 30 de junio dentro del caso Trump v. Barbara, confirmó la resolución de un tribunal federal de Nuevo Hampshire y mantuvo sin cambios el principio de ciudadanía por nacimiento, vigente en Estados Unidos desde la adopción de la Decimocuarta Enmienda en 1868.
La orden ejecutiva 14160, firmada por Trump al inicio de su administración, pretendía negar el reconocimiento automático de ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos cuando sus padres estuvieran en situación migratoria irregular o permanecieran temporalmente en el país.
El gobierno sostuvo que esos padres no estaban plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense y que, por esa razón, sus hijos no debían recibir la ciudadanía de manera automática. Sin embargo, la Corte rechazó esa interpretación y concluyó que el Ejecutivo no podía modificar por decreto un derecho establecido en la Constitución.
La decisión representa uno de los principales límites judiciales a la agenda migratoria de Trump y preserva la protección constitucional para los menores nacidos dentro del territorio estadounidense, sin que el estatus migratorio de sus padres sea determinante.
La orden había sido impugnada por estados, organizaciones civiles y familias migrantes, y permaneció suspendida en distintas instancias judiciales antes de que el caso llegara al máximo tribunal.
