El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México descartó cualquier modificación en la situación jurídica del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, confirmando que continúa recluido bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como El Altiplano.
La aclaración oficial surge tras la difusión de trascendidos que señalaban que el exmandatario habría abandonado el penal de máxima seguridad para ser trasladado a un inmueble en la capital poblana a fin de cumplir medida de prisión domiciliaria.
«Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales», puntualizaron las autoridades federales.
El origen de las versiones sobre su traslado
Los reportes iniciales sugerían que, entre la noche del 27 y las primeras horas del 28 de julio, un operativo federal habría coordinado el traslado de Marín Torres tras obtener un fallo favorable derivado de un juicio de amparo promovido por su defensa. Dicho recurso aludía a razones de salud y a su edad, superior a los 70 años.
El exgobernador ingresó por segunda ocasión al penal de Almoloya de Juárez en abril de 2025, luego de que un tribunal revocara una medida cautelar de arresto domiciliario previa otorgada meses atrás, al estimar la existencia de riesgo de fuga.
El proceso penal por el caso Lydia Cacho sigue vigente
Mario Marín enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en actos de tortura cometidos en 2005 durante la detención y traslado de la periodista Lydia Cacho. Los hechos ocurrieron tras la publicación de la investigación periodística Los demonios del Edén, en la cual se expuso la existencia de redes de explotación sexual infantil y sus presuntos vínculos con figuras empresariales y políticas.
Las autoridades recordaron que las variaciones en las medidas cautelares responden únicamente a las condiciones en que los imputados enfrentan los juicios y no equivalen a una absolución o al cierre del expediente, el cual se mantiene activo en los tribunales competentes.
El expediente de Mario Marín constituye uno de los procesos judiciales más emblemáticos en México en materia de violaciones a derechos humanos y agresiones contra el ejercicio periodístico. A más de dos décadas de los hechos denunciados, las resoluciones en torno al caso continúan sujetas al seguimiento de la opinión pública e instancias internacionales.













