Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México informaron los resultados del refuerzo operativo desplegado en la entidad, con acciones enfocadas en combatir la delincuencia organizada, reducir la extorsión y fortalecer la seguridad en municipios considerados prioritarios.
De acuerdo con el balance presentado por el Gabinete de Seguridad, la Operación Enjambre ha permitido la detención de 60 personas, además de que se han obtenido 16 sentencias condenatorias contra 22 exservidores públicos presuntamente relacionados con actividades delictivas. Las autoridades señalaron que este operativo busca desarticular redes de protección institucional vinculadas con grupos criminales.
En paralelo, la Operación Liberación mantiene acciones contra esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes, productores y otros sectores económicos del Estado de México, uno de los delitos de mayor impacto en diversas regiones de la entidad.
Otro de los resultados destacados corresponde al operativo realizado entre el 13 y el 20 de julio, periodo en el que fueron retiradas más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas que, según las autoridades, eran utilizadas por grupos delictivos para obtener recursos de manera ilícita y operar en distintos municipios.
Asimismo, las operaciones Atarraya, Bastión y Restitución permitieron recuperar inmuebles y debilitar la capacidad operativa de organizaciones criminales mediante aseguramientos y acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.
El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta que encabezan las instituciones federales, en coordinación con el gobierno mexiquense, con el objetivo de combatir los delitos de alto impacto, proteger a la población y avanzar en la construcción de condiciones de paz en el Estado de México.
Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en la entidad como parte del despliegue permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad y que los resultados serán evaluados de manera periódica para ajustar las acciones en las zonas con mayor incidencia delictiva.
