La Comisión Europea impuso una multa de 550 millones de euros a la plataforma china AliExpress, propiedad del grupo Alibaba, al concluir que incumplió las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) para prevenir la venta de productos ilegales, falsificados e inseguros dentro del mercado europeo.
Se trata de la mayor sanción aplicada hasta ahora bajo la DSA, la legislación con la que la Unión Europea busca responsabilizar a las grandes plataformas digitales por los riesgos que generan para los consumidores y la seguridad en línea.
De acuerdo con la Comisión Europea, la investigación determinó que AliExpress no evaluó ni mitigó adecuadamente los riesgos asociados a la comercialización de mercancías ilegales, entre ellas juguetes inseguros, cosméticos potencialmente peligrosos, ropa falsificada y otros productos que incumplían la normativa comunitaria. Además, detectó deficiencias en sus mecanismos de supervisión, moderación y respuesta frente a publicaciones ilícitas.
Bruselas señaló que, pese a que la empresa implementó algunas herramientas para verificar vendedores y proteger marcas registradas, éstas resultaron insuficientes para impedir que miles de artículos prohibidos permanecieran disponibles para los consumidores europeos. Como parte de la resolución, AliExpress deberá presentar antes del 20 de octubre un plan de acción para corregir las irregularidades detectadas; de lo contrario, podría enfrentar nuevas sanciones económicas.
AliExpress rechazó el monto de la multa y anunció que apelará la decisión. La compañía aseguró que ha reforzado sus sistemas de gestión de riesgos y que ha colaborado con las autoridades europeas desde el inicio de la investigación, aunque consideró que la sanción es desproporcionada.
La decisión representa un nuevo paso en la ofensiva regulatoria de la Unión Europea contra las grandes plataformas de comercio electrónico. En los últimos meses, Bruselas también ha sancionado a otras compañías como Temu y X por incumplimientos relacionados con la DSA, en una estrategia orientada a fortalecer la protección de los consumidores y elevar los estándares de transparencia en los servicios digitales.
Este caso envía un mensaje al sector tecnológico internacional: la Unión Europea está dispuesta a aplicar con rigor su marco regulatorio a las plataformas con millones de usuarios, especialmente aquellas que comercializan productos procedentes de terceros países. Analistas consideran que la resolución podría acelerar cambios en los sistemas de control de marketplaces globales y aumentar la presión sobre otras empresas de comercio electrónico que operan en Europa.
