El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como «El Altiplano», en Almoloya de Juárez, tras su detención el pasado 16 de julio por su presunta vinculación con una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de combustible, conocido como «huachicol fiscal».
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exmandatario estaría involucrado en una estructura criminal vinculada a servicios portuarios que causó un daño al fisco superior a los 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025. Según la fiscalía, esta constituye la red de contrabando de hidrocarburos más grande detectada hasta la fecha.
Ante la detención, la defensa legal de Ruffo Appel presentó una demanda de amparo en Ensenada, Baja California, reclamando actos de incomunicación, tortura o malos tratos. El juzgado otorgó una suspensión de plano para que, de existir tales actos, cesen de inmediato.
Hasta el momento, el exgobernador mantiene la presunción de inocencia mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.
