La semana pasada, el Senado aprobó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México y, en los próximos días, se prevé su discusión en la Cámara de Diputados. El debate no es menor pues toca la relación entre productividad, bienestar y derechos laborales.
La propuesta plantea una reducción gradual de la jornada a partir de 2027, disminuyendo dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. El calendario es claro, en 2026 se mantienen 48 horas; en 2027 serían 46; en 2028, 44; en 2029, 42; y en 2030, 40 horas. La lógica detrás de la gradualidad es permitir que las empresas ajusten procesos y modelos de operación sin impactos abruptos en la productividad.
En materia de horas extra, se propone ampliar el límite semanal de 9 a 12 horas, con un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días por semana. Se prohíben para menores de 18 años. El esquema de pago se mantiene: 100% adicional dentro del tope legal y 200% (triple pago) cuando se rebasa. Se refuerza, además, la prohibición del trabajo extraordinario para menores de edad.
Uno de los puntos más debatidos es el descanso semanal. A diferencia de lo que impulsaban diversas organizaciones y sindicatos, la reforma no fija explícitamente dos días de descanso. En su lugar, deja margen para que patrón y trabajador acuerden los días correspondientes. Aquí surge una crítica legítima, en un mercado laboral con asimetrías de poder, la negociación individual puede no siempre favorecer al trabajador, lo que podría dificultar la generalización de dos días de descanso efectivo.
Esta discusión ha generado en algunos sectores la sensación de una promesa incompleta. Más allá de la arena política, el reto será que la implementación logre resultados tangibles para la vida cotidiana de las personas trabajadoras.
Porque, en el fondo, el debate es humano. Son millones de trabajadores quienes sostienen la economía nacional con jornadas que inician antes del amanecer y concluyen entrada la noche. La reducción de la jornada se presenta como una deuda histórica, tiempo para vivir, para convivir, para descansar, no solo para trabajar.
El origen del tema también es revelador. La Constitución de 1917 fijó la jornada máxima en 48 horas semanales, un estándar avanzado para su época. Sin embargo, más de un siglo después, esa duración se ha mantenido prácticamente intacta. En 1935, el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo proponía la semana de 40 horas. Visto así, la reforma actual no solo es una innovación, sino también un ajuste pendiente con compromisos históricos.
Los datos internacionales refuerzan la discusión. México encabeza con frecuencia las listas de la OCDE en horas trabajadas al año, con promedios que superan las 2,200 horas anuales por persona empleada, muy por encima de economías avanzadas. En los rankings de balance trabajo-vida, el país suele ubicarse en los últimos lugares, reflejando una realidad donde el tiempo libre y el descanso son escasos.
Las jornadas extensas tienen efectos que van más allá de lo económico. Inciden en la cohesión familiar, en la vida comunitaria y en el desarrollo de niñas y niños cuando el cuidado debe delegarse por falta de tiempo. Existen además efectos en la salud mental; el aumento del estrés, la ansiedad y la reducción de la satisfacción vital representan costos silenciosos de un esquema que prioriza la presencia física sobre la eficiencia productiva.
La discusión de las 40 horas, por tanto, no es solo técnica ni política. Es una conversación sobre el tipo de sociedad que México quiere construir, una donde el trabajo digno conviva con el derecho al tiempo propio.
